La Audiencia Provincial de Palma acogió ayer la primera jornada del denominado «caso juego» en el que un empresario de máquinas recreativas, dos detectives y un funcionario de la Agencia Tributria están acusados de varios delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
Según la acusación, los hechos comenzaron el 27 de marzo de 2000. Ismael Martín, un conocido empresario dedicado a la comercialización de máquinas recreativas, contrató los servicios del detective Carlos Valencia para realizar un seguimiento de la situación patrimonial, financiera y profesional de Josep Oliver, un interino de la Conselleria d'Hisenda.
Según Martín, la investigación tenía como objetivo descubrir por qué el funcionario le denegaba los permisos para instalar máquinas tragaperras en distintos salones recreativos. El seguimiento se llevó a cabo y el detective logró recabar un dossier que contenía información reservada de carácter fiscal y el historial laboral de Oliver. Al sentirse vigilado, el funcionario presentó una denuncia ante la policía por amenazas y coacciones y se puso en marcha un dispositivo de vigilancia. En mayo de 2000, los agentes detuvieron a Valencia.
Precisamente, las condiciones en que se llevó a cabo la detención de Valencia provocaron que los abogados pidieran ayer la suspensión del juicio. Según explicaron, el detective firmó un documento sin que su abogado estuviera presente para que los agentes realizaran un registro en las oficinas de la agencia de detectives. En este registro, la policía se incautó de varias grabaciones, una carpeta con los datos personales del empresario del juego Ismael Martín y del funcionario José Oliver Clar; una serie de fotografías con la leyenda de «confidencial»; informes de sociedades; informes de los movimientos efectuados por Oliver; fotografías; y dos cintas de vídeo.