PEP MATAS-JOSEP MARIA AGUILÓ
El ocho de octubre del año pasado se publicó en estas páginas que
el 23 de abril de 2002, el recaudador ejecutivo del Ajuntament de
Palma, Miguel Rotger, firmó una diligencia de embargo contra la
empresa que en aquellas fechas se denominaba «Carmin Balear SL», y
la deuda era por un importe de 1.402.096 euros, deducida de la suma
de cientos de multas impuestas desde el año 1998 por infracciones a
las ordenanzas municipales en materia de publicidad dinámica en la
Platja de Palma.
Rodrigo de Santos, portavoz del equipo de Gobierno municipal y teniente de alcalde de Urbanisme dijo que «Cort hará todo lo posible para que se salde la deuda» y añadió que ya se había hablado con los responsables del Servicio de Recaudación, primero para conocer los pasos dados hasta aquél momento, y después para que llevaran a cabo los trámites necesarios «para llegar al fondo de la cuestión y que se cobre la deuda siempre que sea legalmente posible».
Uno de los motivos, si no el principal, que se aducía para justificar el impago, era el hecho de que cuando se decretó el embargo la sociedad se declaró en quiebra, y acto seguido se nombró a otra sociedad como propietaria del local. Al respecto Rodrigo de Santos dijo que desde hace años «es posible pedir responsabilidades a los administradores de las dos sociedades, y quizás es esta una vía que no se ha utilizado». Rodrigo de Santos terminó por asegurar que «tenemos la voluntad política de aclarar todo este asunto y pondremos todo nuestro empeño en ello».