El denunciante trabajaba como chófer en Palma y el 12 de marzo de 2002 se sometió a una intervención quirúrgica en Son Dureta. Padecía una fístula dural intramedular dorsal y cervical, que le causaba dolores, y como consecuencia de una negligencia médica salió del quirófano sin visión en uno de sus ojos. Durante la operación fue colocado boca abajo en una camilla, inmóvil para no entorpecer la labor del cirujano, y como pasó varias horas en esa postura el nervio del ojo derecho fue presionado fatalmente, lo que desencadenó en una atrofia casi total.
El abogado Miguel Guillem Ramis, representante legal de la víctima, interpuso ante el juzgado de Primera Instancia número 5 de Palma una demanda contra el cirujano y contra el anestesista, por cuyo caso se dictó sentencia el 16 de septiembre de 2003. El magistrado desestimó las acusaciones contra el cirujano, defendido por el letrado Clastre, y en cambio consideró que sí había existido negligencia por parte del anestesista, representado por Jaime Pellicer. Sin embargo, fijó una indemnización inferior a la solicitada por la acusación, que estableció en unos 32.000 euros.
Guillem Ramis, entonces, interpuso un recurso de apelación, que ha sido visto por la Sección Tercera de la Audiencia de Palma, porque consideraba que la compensación económica era insuficiente. El letrado se basó en el trauma laboral que le había ocasionado al hombre haber perdido la visión de un ojo, ya que en el momento del accidente trabajaba como chófer y, con posterioridad, no pudo seguir desempeñando ese trabajo por una invalidez permanente. En un estudio médico de 39 folios se dictamina que, en efecto, su ojo derecho presenta un escotoma paracentral, que le permite tener una visión real de un 10%, lo que equivale en realidad a estar prácticamente ciego.