La situación económica de Domingo Pozo Martínez, el hombre que ayer ingresó en prisión acusado de matar a su ex compañera y dejar malheridos a dos de sus hijos, era desesperada. El individuo regentaba un bar en s'Indioteria, llamado «El Halcón», desde hacía unos tres años. Sin embargo, según explicó a este periódico la dueña del local, que prefirió omitir su identidad, el próximo viernes día 9 debía acudir una comisión judicial al establecimiento para desahuciarlo por falta de pago. Los propietarios del local habían demandado a Domingo Pozo «porque hacía siete meses que no pagaba el alquiler, ni tampoco los gastos de consumo de agua». El bar «El Halcón» compartía el contador de agua con el piso donde precisamente residen los dueños del local. El hijo explicó que «hemos tenido que pagar facturas de hasta 900 euros a EMAYA y como comprenderá ni mi madre ni yo tenemos un consumo tan elevado de agua». El joven no tiene muy buen recuerdo de Domingo Pozo. «No sólo no nos pagaba, sino que cada vez que pasábamos por delante del local nos molestaba y nos exigía que le arregláramos algunas cosas. Además, era una mala persona que sólo pretendía perjudicarnos. Dejaba los grifos abiertos toda la noche para que se consumiera más agua. Como al fin y al cabo él no pagaba las facturas, sólo puedo pensar que lo hacía para perjudicarnos». El joven explicó que fue su padre el que firmó el contrato de alquiler del local. El contrato se hizo a nombre de Pilar Crevillent, la mujer asesinada. Ella solía acudir con frecuencia al bar para ayudar a su compañero sentimental, pero lo hizo mientras la relación era cordial. Después ya no quiso saber nada más de Domingo y quiso romper la relación, aunque el individuo la estuvo acosando hasta el día anterior a su asesinato. «Un día nos esteramos de que el bar ya no lo llevaba Pilar, sino que lo regentaba Domingo. Ella siempre había pagado, pero cuando él se quedó con el negocio dejó de abonar las facturas del alquiler. El precio que debía abonar mensualmente era de menos de 300 euros». El hijo de la dueña señaló que él nunca les dijo que había asumido el negocio y que Pilar le había firmado un documento en el que le otorgaba todos los poderes de explotación.
Sin embargo, el pasado día 25 de noviembre se celebró el juicio por desahucio y el individuo, según confirmó el hijo de la dueña, presentó dicho documento, aunque no mostró ningún interés en pagar los meses pendientes.
El día que se cometió el crimen la policía acudió a su negocio, ya que Domingo Pozo había abandonado el lugar del crimen y todavía no se había entregado en la Comandancia. La policía forzó la puerta metálica del bar para comprobar si se había escondido dentro, pero no lo encontró. La policía recogió una fotografía suya de las muchas que tenía colgadas en un tablón situado frente a la barra.
Sin embargo, los dueños del local no eran los únicos que conocían la precaria situación económica del individuo.
Un vecino explicó que él sabía que «debía hasta los cupones de la ONCE que le entregaban para que los vendiera y llevaba muchos meses sin pagar las facturas de la electricidad que se consumía en el bar».