El juez de paz de Sant Llorenç declaró ayer como imputado ante el magistrado del TSJB, Antoni Capó, acusado de encubrir el homicidio de Andrés Pascual, de 63 años, que murió el pasado mes de julio tras ser golpeado presuntamente por un vecino, que ahora está preso. Además, el fiscal le imputa el delito de exación ilegal (cobro de comisiones ilegales), así como utilizar certificados de defunción falsificados y autorizar el entierro de una persona antes de cumplirse las 24 horas de su muerte. A este juez de paz, defendido por el abogado Rafael Perera, se le investiga por su actuación en la muerte de un vecino, cuya causa de la muerte no fue descubierta hasta cuatro meses después, cuando se exhumó su cadáver y se comprobó que tenía el craneo destrozado. El detenido fue quien llevó en su coche el cadáver de la víctima a Sant Llorenç y dijo que había caído de un tractor. Andrés Pascual tenía el rostro destrozado. El juez de paz declaró ayer que él no vio el aspecto del cadáver. Explicó que el propio hijo de la víctima le indicó que su padre se cayó de un tractor tras sufrir un infarto, y reconoció que él se creyó esta versión. Mantuvo que autorizó el entierro porque el médico había firmado el certificado. El médico que firmó no fue el que acudió al domicilio, sino que fue otro compañero, y el primero afirma que su colega no le informó sobre estas lesiones. Miquel P.R., que lleva 33 años como juez de paz, pidió ayer al presidente del TSJB que le suspenda de momento de su cometido mientras se investigan los hechos.
Cuatro meses después de los hechos el cadáver fue exhumado y la forense comprobó que tenía el craneo aplastado y que esta lesión era incompatible con una caída desde un tractor.