El agotamiento de los funcionarios y la imposibilidad, por la hora, de redactar una nueva acta impidió ayer noche que el jurado popular emitiera su veredicto sobre el doble crimen de Son Banya, que casi con toda seguridad se conocerá hoy. Tal y como sucedió el domingo, los nueve integrantes del tribunal popular permanecieron todo el día reunidos en las dependencias de la Audiencia de Palma pero, a diferencia del día anterior, parece ser que consiguieron aclarar las contradicciones que habían surgido en sus conclusiones provisionales.
Por la tarde se aceleró el proceso y se ordenó redactar una nueva acta, e incluso a las 21.30 horas el juez solicitó que los cuatro acusados fueran excarcelados, a fin de que estuvieran presentes cuando se leía el veredicto. El Cuerpo Nacional de Policía debía personarse en la prisión y acompañar a los procesados hasta la Audiencia, pero en el último momento se dio marcha atrás y se anunció que quedaba suspendida la vista.
Los funcionarios judiciales debían escribir a mano todas y cada una de las nuevas actas formuladas y debido a la hora -las diez de la noche- se decidió que el trámite se pospondría hasta hoy. Por este motivo, parece evidente que el veredicto de culpabilidad o de inocencia se conocerá a lo largo de esta jornada, pero incluso este detalle podría verse modificado y anoche ninguna de las partes implicadas daba por seguro nada. Miguel Ill Ferrer, abogado defensor de Juan José D.S.; Carles Perelló, representante de «Pancho»; Rafael Ramis, letrado de Concepción S.S., y Óscar de Diego, contratado por «el Jeromo», permanecieron en la Audiencia hasta pasadas las 22.00 horas y finalmente tuvieron que abandonar el edificio ante la certeza de que todavía no había veredicto.
Según ha trascendido, las discusiones entre los nueve miembros del jurado popular han sido muy enconadas y todos los integrantes se encuentran extenuados tras una semana de intenso proceso. Los puntos discordantes o contradictorios, no obstante, parece ser que ya se han subsanado y ese detalle podría facilitar una resolución final que está próxima. Los cuatro acusados se enfrentan a penas que suman casi 200 años de prisión por los delitos de doble asesinato, tráfico de drogas, robo con violencia y tenencia ilícita de armas.