El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha decidido investigar al juez de paz de Sant Llorenç des Cardassar que autorizó el entierro de un hombre que, al parecer, murió asesinado por un vecino, que ahora está en prisión. Este caso lo investiga el TSJB porque la ley otorga a los jueces de paz la condición de aforados, lo que impide que un juez de instrucción de otro órgano judicial le tome declaración.
De momento, el TSJB ha decidido dividir la causa sobre el crimen de Andreu Pascual, que murió el pasado mes de julio, pero cuya causa real de la muerte no se descubrió hasta el mes de noviembre tras exhumarse el cadáver y comprobarse que murió tras ser golpeado de forma intencionada en la nuca. De este presunto asesinato está acusado Esteban G.S., que tiene una finca situada junto a una propiedad de la víctima. Los hechos ocurrieron el día 20 de julio.
El detenido, Esteban G.S., metió el cadáver de su vecino en su vehículo, lo llevó a la localidad y dijo que la víctima había muerto mientras utilizaba un tractor. El juez de paz vio el cadáver y a pesar de las evidentes sospechas que rodeaban el caso autorizó el entierro del cuerpo, después de que un médico (que al parecer no llegó ni tan siquiera a ver el cuerpo sin vida de la víctima) certificara que se trataba de una muerte por infarto. El cadáver fue visto, en primer lugar, por un médico, que observó que la víctima presentaba un golpe en la cabeza, pero parece ser que lo atribuyó a una caída del tractor.
El facultativo no quiso firmar el certificado de defunción aludiendo que ya lo haría el médico de cabecera de Andreu Pascual. El otro médico firmó dicho certificado.