La acusada, María del Carmen L.R., funcionaria de la Dirección Provincial de la Seguridad Social, que trabajaba en la unidad de recaudación ejecutiva, escuchó sentada junto a su abogada como la portavoz del jurado leía ayer tarde el veredicto, y la declaraba culpable.
El resultado del jurado, al que se ha llegado tras un día y medio de deliberación, no se ha obtenido de manera unánime, sino sólo por siete votos a favor de los nueve posibles. El jurado cree probado que la funcionaria, en diferentes ocasiones y aprovechando que se encargaba de los cobros de las cuotas en vía de apremio, se quedó parte del dinero para ella. No fue un sólo desfalco, sino que esta operación se fue repitiendo en varias ocasiones, de tal forma que la funcionaria llegó a apoderarse de casi medio millón de pesetas, que ahora tendrá que devolver si se confirma la sentencia que dictará en breve el juez Joan Catany.
El jurado ha declarado probado que la mujer fue quedándose con dinero que le pagaban los contribuyentes, pero se ha demostrado que en varias ocasiones o bien las cantidades recibidas no coincidían con las anotadas en el ordenador, o que incluso no llegaba a anotarse los cobros en el sistema informático. Una de las situaciones que más les ha llamado la atención al jurado es que la funcionaria llegó a cobrar a una contribuyente en un bar e incluso le dijo que siempre que tuviera que entregar una cantidad se la diera a ella, y no a otra trabajadora. En otras casos la mujer no entregaba a los ciudadanos justificantes de los pagos, alegando que el sistema informático estaba estropeado. En ocasiones también entregaba facturas, firmadas por ella misma, y se ha comprobado que las cantidades no fueron anotadas en el sistema informático. Hubo casos incluso en los que los contribuyentes pagaron las cantidades que les reclamaba la Seguridad Social, pero al no quedar reflejadas, la Administración ordenaba el embargo.