Ayer se inició en la Audiencia de Palma el juicio con un jurado popular contra una funcionaria de la recaudación ejecutiva de la Seguridad Social que está acusada de un delito de malversación de caudales, por el que el fiscal Jaume Guasp le reclama seis años de prisión. La acusada, María del Carmen L.R., defendida por el abogado Ramón Riutort, mantiene que es inocente y niega que se hubiera quedado los 2.845 euros que le reclama la Seguridad Social.
La mujer prestaba sus servicios en la Unidad de Recaudación Ejecutiva y gestionaba el cobro de cuotas en vía de apremio. El fiscal y la abogada que representa a la Seguridad Social como acusación particular sostienen que la funcionaria, hasta en ocho ocasiones distintas, desvió dinero público y se lo quedó ella. El fiscal fue interrogando a la mujer sobre una serie de irregularidades, que se traducen en que el dinero que aparece ingresado en el ordenador de la Seguridad Social no es el mismo que se exigía en el expediente de cobro. La acusación sostiene que estas posibles irregularidades se producían cuando ella sustituía al responsable de la caja. La mujer niega las irregularidades, se calificó de «funcionaria ejemplar», aunque reconoció que sufría una presión de su superior, lo que pudo inducir a algún error.
La tesis de la defensa se basa en que la funcionaria tenía acceso a cantidades muy elevadas y que el dinero que se le reclama es una cifra ínfima. Además, sostiene que había muchas personas de la oficina que tenían acceso a la caja y que la organización interna no era la más adecuada.