El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, se ha dirigido a todas las fiscalías del país para instarles a que no asistan a juicios orales en materia penal a través de videoconferencias «por carecer, hoy por hoy, de las garantías necesarias para el debido respeto a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, de cuya defensa es garante». Esa oposición a los juicios «virtuales» se ha registrado como consecuencia de una iniciativa al respecto adoptada por el fiscal jefe de Balears, Antonio de Vicente Tutor, que incidía en los problemas que ocasiona al actual sistema legislativo la celebración de juicios orales, especialmente en Menorca y Eivissa.
El fiscal general del Estado afirma que el derecho a un proceso con todas las garantías, proclamado en el artículo 24.2 de la Constitución, se ve afectado por la utilización de nuevas tecnologías para la celebración del juicio oral. Y añade: «No quiere decir ello que en el futuro vaya a resultar de todo punto imposible la celebración de juicios orales por medios cibernéticos, peor ello supondrá en todo caso la existencia de una norma legal que otorgue la necesaria cobertura al sistema que prevea las garantías mínimas exigibles».
El pasado mes de diciembre, el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Carlos Lesmes, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), Àngel Reigosa, presentaron el sistema de videoconferencia, que debía permitir la realización de actuaciones sin necesidad de desplazamientos, con lo que se iban a agilizar los procedimientos.