El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspendió ayer a los tres jueces de la Audiencia Nacional que ordenaron la excarcelación del presunto narcotraficante Carlos Ruiz «El Negro» mientras se resuelve la querella presentada por la Fiscalía contra ellos por un presunto delito de prevaricación. Según explicó el portavoz del CGPJ, Enrique López, la decisión fue respaldada por doce vocales, frente al criterio de otros nueve, quienes mostraron su discrepancia a través de un voto particular al acuerdo. Se trata de la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces suspende en sus funciones a todos los miembros de un tribunal.
López señaló que el debate que se produjo en el seno del Consejo ha sido «tranquilo y ordenado en la articulación de argumentos fundamentalmente jurídicos». En concreto, explicó que la decisión de suspender a los tres jueces se basa, como proponía el fiscal, en la aplicación del artículo 383.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que se procederá a la suspensión de un juez «cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones». Respecto a la duración de esta suspensión, el portavoz, que pertenece al sector mayoritario, señaló que «es un suspensión que se adopta por la admisión a trámite de la querella y por eso está condicionada al resultado que se produzca, que puede ser una posible condena, la absolución o el sobreseimiento».
Frente a este criterio los nueve vocales que votaron en contra estiman que la suspensión cautelar de un juez no se debe ejecutar hasta que no le haya procesado y así lo harán público a través de un voto particular que acompañará al acuerdo y que será suscrito por la mayoría. José Antonio Alonso, uno de los vocales discrepantes, señaló que «no se discute la suspensión de los jueces, pero sí el momento, ya que habría que haber esperado a que hubiera una imputación formal» del Supremo y «por tanto, tras una valoración de la prueba». Coincidió con el portavoz en que los argumentos han sido jurídicos, aunque estimó que tras el análisis de antecedentes había decisiones de ambos tipos y la opción de esperar al procesamiento es «más respetuosa con las garantías procesales».