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El Govern balear intentará repatriar a la presa mallorquina de Ecuador

La consellera Caro anuncia que Benestar Social ayudará a María Rodríguez

Joaquín Bravo, presidente de APEX, junto a Fernanda Caro y Antoni Sancho.

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La consellera de Benestar Social del Govern Balear, Fernanda Caro, anunció ayer a Ultima Hora que su departamento prestará ayuda a la presa mallorquina de Ecuador e intentará que sea repatriada a España «porque es lo mejor que le puede pasar». Caro indicó que su conselleria ya está trabajando en el caso de María Antonia Rodríguez, que tal y como adelantó ayer este periódico fue detenida en el mes de diciembre en el aeropuerto de Guayaquil con un alijo de cocaína, aunque ella mantiene que la droga se la colocaron sin que pudiera advertirlo.

La consellera explicó que no es el primer caso que han tratado de reclusos mallorquines en cárceles del tercer mundo y opinó que «no nos compete a nosotros dilucidar si realmente esa joven está implicada en el delito que le imputan o sencillamente fue una víctima. Nuestra tarea es intentar que su estancia allí sea lo menos traumática y que regrese cuanto antes a Mallorca». Los funcionarios de Benestar Social están analizando toda la información que tienen del caso y mañana lunes está prevista una reunión entre Antoni Sancho, director general de Planificación Social, y la familia de María Antonia Rodríguez.

Sus padres también han pedido amparo al Defensor del Pueblo y otro organismo que se ha implicado plenamente en la tragedia de esta joven palmesana es la Asociación para la Ayuda de los Presos Españoles en el Extranjero (APEX). Su presidente, Joaquín Bravo, confirmó ayer desde Madrid que la ONG que preside está trabajando para ayudar a la reclusa, cuya situación es desesperada y se ha llegado a desfigurar el rostro en un ataque de locura. Esta organización también medió en el caso de Alberto O., un palmesano de 27 años con una discapacidad del 51%, que fue arrestado en Ecuador por tenencia de sustancias prohibidas. En aquella ocasión Bravo denunció la pasividad del Consulado de España en Quito y se reunió con la consellera Caro para abordar el asunto.

El caso de María Antonia, aunque no igual, es similar al de Alberto O., porque la joven tiene un amplio historial de ingresos en el Hospital Psiquiátrico por depresión, alteración de la personalidad e ingesta masiva de fármacos. Su equilibrio mental, antes de su detención, era muy frágil y ahora su familia teme que haya sufrido un daño irreparable en el mes que lleva entre rejas. El abogado Julián Montada también ha realizado ímprobas gestiones para ayudar a la presa y a su compañero, pero lo cierto es que el sistema carcelario de Ecuador es tan deficiente que mezcla a reclusos con problemas psíquicos severos y a delincuentes comunes.

Por supuesto, esta precariedad impide que a María Antonia le sean suministradas las medicinas que precisa para su tratamiento, algo que preocupa muy seriamente a sus padres. El envío desde España de estos fármacos, a través de valija, es demasiado lento y la embajada española en Quito sólo aporta cuarenta dólares mensuales a modo de colaboración. Según la familia, las últimas pesquisas policiales están demostrando la inocencia de la reclusa.

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