La familia del hombre que está en coma irreversible desde hace cuatro años al sufrir un infarto al día siguiente de ser dado de alta del hospital de Son Dureta (con un diagnóstico erróneo y por falta de asistencia), no está satisfecha con la sentencia, pese a que le conceden 40 millones de pesetas de indemnización. Micaela, la hija, considera que la sentencia no recoge los hechos exactamente como ocurrieron. Los jueces reconocen que en Son Dureta hubo un error de diagnóstico y una falta de atención al paciente, pero creen que ello no influyó en que el enfermo sufriera el infarto al día siguiente.
Sin embargo, la hija cree, que aún así, «mi padre hubiera recibido una asistencia mucho más rápida si hubiera estado ingresado en el hospital, y no sufriría do los daños cerebrales que padece». Micaela no entiende tampoco que la sentencia afirme que su padre está ahora ingresado en una clínica. «Mi padre está siempre en casa. Entre las tres nos turnamos para cuidarle. Si mi padre no recibe en casa la ayuda de una asistenta es porque no la hemos podido pagar». La familia se queja también de que los jueces insinuan que en el momento de producirse el infarto el hombre se encontraba solo en casa, y que por ello se tardó mucho tiempo en prestarle ayuda. «Cuando le dieron el alta a mi padre ningún médico nos alarmó. Nos dijeron que eran nervios y que debía tranquilizarse. Aún así, ese día yo estaba con él en casa».
La hija explicó que cuando su padre sufrió el ataque, ella se encontraba en el jardín, y que escuchó un golpe, que se produjo cuando cayó al suelo. De inmediato fue a prestarle ayuda y avisó al 061. La joven asegura que desde aquel momento su familia vive un auténtico calvario y pese a que han ganado el pleito contra el Insalud, «lo importante no es el dinero que vamos a recibir por esta mala asistencia, porque mi padre no volverá a ser el mismo. Lo importante es que se sepa lo que ocurrió». La hija asegura que ni ella, ni su madre ni su hermana «hemos vuelto a ser libres». La familia tiene que turnarse en el trabajo, y entre Micaela y su madre conducen el taxi para poder subsistir. Por ello, la hija lamenta que los jueces de la Audiencia Nacional hayan reconocido hechos que no son ciertos para reducir la indemnización pedían su abogado, que era de 188 millones de pesetas.