El juez del juzgado de instrucción número 3 de Palma acordó el pasado lunes levantar el secreto de la investigación judicial sobre la redada de Son Banya, conocida como «Operación San Quintín», que se llevó a cabo en el poblado el pasado día 31 de octubre. El juez José Castro ha implicado en esta causa a un total de 16 personas, de las que la mitad se encuentran ingresadas en prisión acusadas de un delito de tráfico de drogas. El resto de implicados se encuentra en libertad bajo fianza. El juez, en un principio, fijó una fianza de cinco millones de pesetas, que más tarde redujo a un millón y medio. Sobre las ocho personas que están en prisión, a quien el juez considera responsables de los clanes que trafican en el poblado, se les ha negado esta fianza.
En la «Operación San Quintín» intervinieron un total de 172 policías, de diferentes unidades, apoyadas por un helicóptero. Esta redada había sido planificada meses antes. Los responsables policiales fueron recogiendo pruebas y le pidieron al juez autorización para registrar diez viviendas del poblado gitano, que el magistrado concedió. De esta forma la policía «tomó» el poblado, y se adoptaron las medidas de seguridad necesarias para evitar que las personas que viven en Son Banya pudieran enfrentarse a los policías, tal como había ocurrido en varias ocasiones anteriores.
La policía consideró que gracias a esta operación se logró desarticular cuatro clanes, pero entre ellos no están los que se consideran los principales vendedores de droga del poblado, que justamente minutos antes de iniciarse la redada se marcharon de Son Banya. De las 16 personas implicadas en el caso no todas fueron detenidas en el momento de la redada. Muchos de ellos se fueron entregando a los días siguientes en el juzgado. Todos ellos ingresaron después en prisión.