El juicio contra el empresario acusado de sacar a la fuerza a un grupo de «okupas» de un edificio de la calle Botons, en Palma, continuó ayer. La juez tomó declaración a varios bomberos que comprobaron los daños tras las obras que se realizaron en el edificio. Los testigos confirmaron que fueron ellos los que aconsejaron a las personas que vivían en este inmueble que desalojaran las viviendas, puesto que los obreros habían tirado varias paredes y existía el peligro del derrumbe.
Esta orden de desalojo fue ratificada al día siguiente por un técnico, que consideró que existían daños estructurales. Esta declaración la utilizará el abogado de la acusación particular, que entendiendo que las obras que ordenó el empresario puso en peligro la integridad de las personas que vivían como «okupas» en este inmueble.
Por otra parte, una celadora municipal, que inspeccionó el edificio, confirmó que las personas vivían en el número 10, y no en el inmueble del número 8 como declaró el empresario acusado. Esta funcionaria confirmó que la empresa había solicitado una licencia para realizar una obra menor, que se reducía a retirar elementos en mal estado. A juicio de esta celadora, las obras que se estaban practicando se excedían de la licencia. El juicio, tras cuatro jornadas, terminará hoy con la exposición de las conclusiones.