Ayer continuó en el Juzgado de lo Penal número 5 de Palma el juicio contra el empresario acusado de sacar a la fuerza a unos «okupas». Uno de los testigos, que no vivía en el edificio de la calle Botons, confirmó que conocía a la dueña de la vivienda desde hacía años y que había acordado con ella que utilizaría el piso a cambio de un alquiler de 15 mil pesetas. Esta persona dijo que utilizaba la vivienda como lugar de trabajo, y que había acordado con la dueña que el día que ella se lo pidiera se marcharía. Este testigo explicó a la juez que realquiló el piso a uno de los denunciantes, que le pagaba cada mes 10 mil pesetas, que entregaba a la dueña.
En la sesión declararon varios de los «okupas» que vivían en este viejo edificio. Los testigos coincidieron al señalar que, a la hora de comer, comenzaron a escuchar unos golpes en los pisos superiores. De pronto, según ellos, «comenzaron a caernos trozos del techo sobre los platos. Fuimos a ver que estaba pasando y los albañiles no nos quisieron decir nada». Los testigos afirman que los albañiles estaban quitando las tejas de la tercera planta, encima de uno de los pisos en el que estaba viviendo una mujer embarazada. Después de estos trabajos las diez personas que vivían en el inmueble tuvieron que marcharse por consejo de los bomberos, porque el edificio amenazaba ruina.
Los testigos, por tanto, desmontan la versión del acusado, Fernando P.B., que manifestó en la primera sesión que él había ordenado que se retiraran las tejas del edificio en el que no vivían los «okupas». La mujer embarazada manifestó, a preguntas del abogado Carlos Portalo, que los dueños del piso, que vivían en Valencia, le habían autorizado a instalarse allí a cambio de que «les cuidara los muebles». Confirmó que después de que ellos denunciaran las obras, los albañiles derribaron la escalera, lo que impidió recuperar sus pertenencias. El juicio continuará hoy.