Los «okupas» que fueron desalojados a la fuerza y de forma ilegal de un edificio en mal estado de la calle Botons, en Palma, solicitan una condena de 14 años de prisión para el constructor que ordenó que derribaran las paredes. El constructor, F.P.B., será juzgado el próximo día 10 acusado de un delito de coacciones. La Fiscalía solicita contra él una condena de dos años de prisión.
Los hechos se remontan al mes de octubre de 1999. En este edificio vivían ocho personas, entre ellas una mujer que estaba esperando un niño y otra joven que compartía la vivienda con su hija de cuatro años. Salvo un inquilino, el resto había «okupado» el edificio tras el permiso de los dueños de los pisos, que se encontraban en muy mal estado. Este constructor compró todos los pisos, salvo uno, que adquirió meses después. Pidió una licencia de obra menor para retirar las cornisas y las tejas del edificio. Sin embargo, según el escrito de acusación que ha formulado el abogado Carlos Portalo, en nombre de los «okupas», el constructor lo que en realidad hizo fue derribar tabiques, muros y elementos de contención del edificio.
Esta demolición se produjo mientras los habitantes estaban ocupando las viviendas de este viejo edificio. De hecho, los obreros llegaron a derribar la cubierta, dejando al descubierto el tercer piso, que precisamente ocupaba la mujer que tenía la niña de cuatro años. Estas obras provocaron que el edificio quedara en ruina total. Dos agentes de policía, al comprobar la documentación, se dieron cuenta que la demolición que se hacía no estaba autorizada en la licencia. Por ello, se ordenó que se pararan las obras. Según la acusación, el constructor habló con los agentes y les dijo que el edificio era suyo, y que los inquilinos debían marcharse. Dijo que no quería ir al juzgado y que «lo hacía a su manera».
Los bomberos ordenaron después que el edificio fuera desalojado de forma inmediata, porque existía el peligro de derrumbe. Por tanto, los «okupas» se vieron obligados a abandonar estas casas, y el constructor después tapió la puerta de acceso y derribó la escalera interior. Sin embargo, en una reciente sentencia de la Audiencia se le obliga a dejar el inmueble tal como estaba antes de que procediera a demoler las paredes.