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Prisión para 15 de los 17 detenidos en la redada en el poblado de Son Banya

El juez que dirigió la operación les imputa los delitos de tráfico de drogas y receptación

En la redada policial participaron el pasado miércoles unos 150 policías.

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Durante esta operación, desarrollada el pasado miércoles, fueron detenidas 19 personas, pero dos de ellas fueron puestas en libertad al tratase de menores de edad. El resto de detenidos fue presentado el sábado por la tarde en el juzgado de guardia. El juez Castro, en presencia del fiscal, fue tomando declaración a cada uno de ellos y les indicó las pruebas que encontró la policía contra ellos, que les relacionaba con el tráfico de drogas. Los detenidos fueron divididos en dos grupos. El primero fue enviado a prisión sobre las nueve de la noche. La declaración del resto de detenidos se prolongó hasta la madrugada.

Durante toda la tarde y noche un numeroso grupo de vecinos de Son Banya se concentró en el juzgado. Los agentes de seguridad no permitieron la entrada de ninguna de estas personas al edificio judicial y les obligaron a permanecer en el exterior. De hecho, el grupo se concentró en la calle Parellades. Al conocerse la suerte que corrieron la mayoría de detenidos (al decretarse su ingreso en prisión) se vivieron momentos de nerviosismo, pero no se produjo ningún enfrentamiento entre estos familiares y la policía que los trasladaba a prisión. Además del delito de tráfico de drogas, a varios de los detenidos también les imputan el de receptación.

Cabe recordar que sobre las 14.30 horas más de 150 policías «tomaron» el poblado. Los agentes registraron diez viviendas. En la operación se intervinieron unas 400 papelinas de droga, así como numerosas joyas (que con casi toda seguridad proceden de robos), armas, aparatos electrodomésticos y dinero que puede proceder del narcotráfico.

El poblado de Son Banya está considerado como el mayor punto de concentración de traficantes de droga de la Isla. Hasta la fecha la policía había tenido muchos problemas para entrar en el poblado y registrar las viviendas de las personas que se sabe que venden droga, ya que han sido varias las veces en las que los habitantes se han revelado contra la autoridad.

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