La juez del Juzgado de lo Penal número 2 de Palma debe resolver si el accidente que se produjo el día 8 de junio de 1997 en un edificio de la calle Padre Bayo fue una explosión de gas propano o acetileno. Por este suceso, en el que un operario murió y otro sufrió quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo, cuatro personas han sido acusadas de un delito de imprudencia grave. El juicio se celebró con la presencia de sólo dos de los cuatro acusados. Antonio Reyes Rodríguez y su compañero Óscar Nigorra trabajaban para la empresa Kitron Inc. Esta empresa era una subcontratista de la sociedad Cobra, que a su vez había alcanzado un acuerdo con GESA para que se encargaba de los trabajos para cambiar el conducto de gas ciudad por el de gas propanado.
La explosión se produjo cuando Antonio Rodríguez, con la ayuda de su compañero, fue a encender el soplete para realizar una soldadura. En ese momento se produjo una gran deflagración. La onda expansiva alcanzó de lleno a los dos operarios. El que en principio sufrió daños más graves fue Óscar Nigorra, que tenía sólo 20 años de edad, y que presentaba quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo. Su compañero Antonio tenía quemaduras en el 60 por ciento. Ambos fueron evacuados a un hospital de Barcelona. Antonio, unos 15 días después, falleció en el hospital.
La Fiscalía responsabiliza del accidente a los tres responsables de la empresa Cobra, porque entiende que antes de producirse la deflagración se detectó una fuga de gas y no se adoptó ninguna medida de seguridad. El fiscal pide una pena de un año para cada uno y una indemnización de 60 millones de pesetas. En cambio, el abogado Ferran Gomila, en nombre de la viuda y del obrero que sobrevivió al accidente, coincide en su acusación con el fiscal pero la amplía también al representante de la empresa subcontratista, para el que pide un año de cárcel. En cuanto a la cuestión económica, la acusación reclama 100 millones de pesetas, que se repartirían 55 para el obrero superviviente por las secuelas que presenta y otros 45 para los herederos del fallecido.
Los acusados niegan los hechos porque entienden que las pruebas han demostrado que no se trató de una explosión de gas, sino que fue una fuga de acetileno porque el conducto del soplete no tenía válvula de seguridad y presentaba una avería. Con ello se intenta demostrar que el responsable fueron los dos obreros heridos.