La denuncia contra estas doce personas se presentó en el mes de mayo de 1999. El vecino que tiene una propiedad junto a Son Forteza denunció la muerte de varios gatos. La Guardia Civil inspeccionó la finca de Alaró y localizó varios cebos con carne envenenada, además de varios gatos muertos. El denunciante apuntó a los cazadores como los principales sospechosos. Tanto el fiscal Adrián Salazar, como la asociación Voltor Negre, que representa la acusación particular a través del abogado Carles Tarancón, imputan a los doce acusados un delito de caza ilegal. El Ministerio Público pide 10 meses de cárcel para cada acusado, además de la prohibición de cazar durante cuatro años.
La acusación pide 16 meses de arresto. Los abogados defensores José Zaforteza y Pedro Simonet piden la absolución por falta de pruebas. Los doce acusados mantuvieron ayer ante la juez del juzgado de lo Penal número 5 que son inocentes. La acusación sostiene que estos acusados formaban una sociedad y que acordaron colocar unos cebos con carne envenenada para eliminar animales depredadores. Sin embargo, todos los acusados niegan, no sólo que hubieran colocado estos cebos, sino también que formaran esta sociedad de cazadores.
Los acusados explicaron que individualmente obtenían un permiso para cazar, que les concedía el apoderado del propietario de la finca. Este permiso era gratuito, pero alguno de ellos, a cambio, realizaba algunos trabajos en la finca. Los cazadores explicaron que en esta extensión de Alaró apenas hay animales, salvo tordos, por lo que sólo suele utilizarse durante la época de captura de estas aves, que se desarrolla desde finales de octubre al mes de enero. Por ello, todos ellos coincidieron en que en el mes de mayo no solían acudir a Son Forteza a cazar, y además dicen que cualquiera podía entrar en la propiedad.
Pese a esta negativa las acusaciones utilizarán las declaraciones que realizó uno de los acusados ante la Guardia Civil, en la que reconoció este acuerdo para colocar cebos con veneno. Sin embargo, estas declaraciones se realizaron sin la presencia de un abogado, lo que será utilizado por las defensas. El apoderado de la finca declaró ayer que no tiene pruebas de que los cazadores hubieran colocado estos cebos. El testigo confirmó que no solía cobrar por otorgar estos permisos, pero que a cambio los cazadores tenían la misión de vigilar la finca. El juicio continuará hoy con la declaración de los agentes del Seprona de la Guardia Civil.