Los abogados de las 25 prostitutas subsaharianas que fueron expulsadas en julio de Mallorca e ingresadas en centros de la Península han recurrido la medida ante la Sala de Vacaciones del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). Los decretos de expulsión los firmó Delegación del Gobierno después de que el Cuerpo Nacional de Policía detuviera, en dos controles distintos, a cinco y luego a otras veinte prostitutas de color, en su mayoría nigerianas.
La medida pretendía evitar lo que ocurre con demasiada frecuencia: que las inmigrantes fueran arrestadas e identificadas y luego, tras quedar en libertad, volvieran a dedicarse a su actividad en burdeles o en la calle, con total impunidad. Casi todas estas mujeres ejercían la prostitución en la Platja de Palma, donde este negocio ha prosperado de forma espectacular en los últimos años.
Las subsaharianas fueron trasladadas a centros especiales de Barcelona y Murcia y ahora están a la espera de su expulsión definitiva del territorio nacional. Sin embargo, el recurso interpuesto por los letrados paraliza el proceso en marcha y hasta que no se decida en la Sala de lo Contencioso Administrativo si es o no es oportuno, las prostitutas no podrán ser devueltas a su país de origen.