Las 20 mujeres nigerianas que fueron detenidas a principio de semana en la Platja de Palma y distintos puntos del casco urbano de la ciudad fueron trasladadas ayer noche a Barcelona y Murcia por vía marítima. Las mujeres han quedado ingresadas en centros de internamiento para extranjeros mientras se tramitan sus expedientes para que sean expulsadas de España y regresen a Nigeria, tal como contempla el pacto entre ambos países. Los arrestos se llevaron a cabo dentro de los operativos policiales que se vienen efectuando desde hace meses para acabar con la prostitución callejera, lo que ha motivado protestas y movilizaciones de distintos colectivos vecinales. Las mujeres fueron presentadas ayer ante el magistrado Antoni Rotger, quien decretó los traslados.
Como ya se informó en la edición del pasado martes este era un asunto en el que algunos jueces y fiscales se mostraban reacios por un tema de jurisdición, al no haber en Palma un centro de estas características. Al respecto, el pasado miércoles el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, dictó una instrucción en la que pide a los fiscales que, en los casos en que un extranjero contra el que se haya adoptado una resolución que acuerde su expulsión se halle inculpado en un proceso penal por delitos menores, promuevan «activamente la autorización de su expulsión por los jueces de Instrucción competentes».
Según explica la instrucción, una vez que el extranjero en cuestión haya sido oído en declaración como imputado, el fiscal interesará con carácter general la autorización de su expulsión, ponderando todas las circunstancias concurrentes y, salvo circunstancias «particulares y excepcionales que lo desaconsejen».
En el caso concreto de los internamientos en centros para extranjeros, Jesús Cardenal hace referencia en su instrucción señalando que «igualmente, el fiscal deberá informar favorablemente, al mismo tiempo o con carácter previo al informe sobre autorización de la expulsión, la adopción de las medidas cautelares (en particular el internamiento) que se estimen precisas para poder garantizar la futura eficacia de la resolución que acuerda la expulsión».