La Fiscalía de Palma reclamó ayer una condena de dos meses de arresto para un arquitecto superior, un aparejador y un encargado de una finca en construcción en Andratx, a los que acusó de una falta de imprudencia temeraria por la muerte de un obrero. La familia de la víctima amplió la acusación contra los promotores y subcontratistas de la obra, lo que motivó que en el banquillo se sentaran ocho personas.
El abogado que les representa solicita para cada uno de ellos pena de prisión. El juicio se celebró en el Juzgado de lo Penal número 5 de Palma, que ayer quedó visto para sentencia. Se trata del primer juicio celebrado tras la muerte de dos obreros en el derrumbe del hotel Tívoli, suceso que encendió una gran debate social sobre las medidas de seguridad que debían exigirse en la construcción.
Ayer se juzgó la muerte de Oscar Martín Serrano, un obrero de 26 años de edad que falleció al precipitarse desde el segundo piso de una finca que se construía en la calle Fàbrica, en Andratx. Este suceso ocurrió el día 7 de octubre de 1996. La víctima transportaba hormigón con una carretilla para otro compañero. La carretilla se atascó en la segunda planta. Según mantiene la acusación, el obrero tropezó con la parte baja del marco de la puerta de la terraza. Perdió el equilibrio y se precipitó al vacío desde el segundo piso. La caída le ocasionó un traumatismo craneal. Ingresó en el hospital, pero falleció por estas lesiones.
El fiscal Ricardo Olivares basa su acusación en que la obra carecía de las mínimas medidas de seguridad. En la finca se habían colocado unos protectores que se unían mediante un cerramiento de plástico que el fiscal cree que eran del todo ineficaces. Sin embargo, según se comprobó en la inspección posterior al accidente, no se había colocado ninguna red de protección. Tampoco la víctima llevaba colocado el reglamentario casco de protección cuando ocurrió el accidente.
Además de la simbólica pena de arresto, el fiscal pide que los acusados, solidariamente, indemnicen a los padres de la víctima con 25 millones de pesetas. Si se acepta la propuesta, el dinero lo deberán pagar las aseguradoras. Los abogados defensores han intentado demostrar en el juicio que sí existían las medidas de seguridad, pero que la víctima las incumplió.