La Audiencia de Palma ha condenado a cinco años y cuatro meses de cárcel, y multa de dos mil millones de pesetas al canadiense Firmino Tavares, que se ha confesado culpable de un delito continuado de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Por el mismo delito, aunque por imprudencia, la sentencia también condena a dos empleados de la sucursal de la Banca March de Santa Ponça. Se trata del interventor, que fue despedido por estos hechos, Francisco Alfonso P.C., que ha sido condenado a un año de cárcel y a una multa de 275 millones de pesetas; y Juan José P.T., director de la sucursal, a quien se le ha impuesto nueve meses de prisión y multa de 150 millones.
Tanto Firmino Tavares como los dos empleados del banco se han confesado culpable tras llegar a un acuerdo con el fiscal antidroga, Tomeu Barceló, que ha investigado la relación del canadiense con una importante red de traficantes. Este acuerdo supone que no se haya celebrado juicio y que se haya dictado sentencia por conformidad de las partes. La sentencia determina que Tavares puede sustituir la condena de prisión por la expulsión a su país, con la condición de que no podrá volver a España durante los próximos diez años. El tribunal decreta el decomiso de los 1.140 millones de pesetas que había ingresado el canadiense en la oficina de Santa Ponça, así como de un chalet (que está inscrito a nombre de su novia) y de un vehículo todoterreno con matrícula de Quebec.
Todos estos bienes se adjudican al Estado para la lucha contra el narcotráfico. Este dinero es el mayor beneficio económico del narcotráfico jamás intervenida en España, y del que se ha evitado su blanqueo. El fiscal, además de estos dos empleados, también investigó a cinco directivos del banco. Sin embargo estas cinco personas han sido exculpadas porque el fiscal no presentó acusación contra ellos. La sentencia no decreta que la Banca March deba asumir las multas impuestas a dos de sus empleados, y de hecho en el fallo judicial se señala que estas dos personas son solventes.
La sentencia declara probado que Tavares forma parte de una importante cartel de traficantes y que su misión era la de blanquear los beneficios. Con la colaboración de estos dos empleados, el dinero se ingresaba en una cuenta de la oficina de Santa Ponça y después se enviaba a paraisos fiscales. Este dinero procedía de los beneficios que se obtenían en Suramérica, Estados Unidos y Canadá.