Las 30 personas implicadas en uno de los mayores fraudes contra la Seguridad Social descubiertos en Mallorca pactaron ayer penas mínimas para confesarse culpables ante el tribunal de la Audiencia de Palma.
El fiscal acusa a un abogado de Palma, Vicente María Campaner Anglada (ya condenado por estafa y falsificación) de urdir un sistema para engañar a Hacienda y a la Seguridad Social. Este plan consistía en crear numerosas sociedades, que no tenían actividad laboral, contratando a diversos trabajadores. Estos empleados eran dados de alta en la Seguridad Social mediante un contrato. La empresa no pagaba ninguna cuota a la Seguridad Social, ni otros impuestos, y en poco tiempo despedía a los empleados (la mayoría no había trabajado jamás para la sociedad), que tenían derecho a percibir los beneficios del desempleo. Muchas de estas empresas, urdidas por el abogado, se crearon únicamente para formalizar facturas falsas, que entregaban a otras sociedades para reducir impuestos.
En este caso, que se destapó hace diez años por la policía, fueron acusadas 30 personas. Durante las últimas semanas se ha intentado llegar a un acuerdo entre los acusados y la Fiscalía para evitar que se celebrara el juicio. Este acuerdo suponía que los acusados se declararían culpables a cambio de aceptar penas mínimas, la mayoría de ellas sólo de arresto. Vicente Campaner también se mostró dispuesto a confesarse culpable. El fiscal le imputó doce delitos. El abogado aceptó cumplir una condena de cuatro años de prisión.
Según explica el escrito de acusación, a través de testaferros se creó una sociedad (que carecía de actividad) que adquirió una empresa de carpintería. En esta compra se asumía la antigüedad de los empleados. La empresa en poco tiempo entró en quiebra y los empleados no pudieron cobrar el dinero por despido que les correspondía.