Nueve años de prisión es la condena que la Fiscalía de Palma solicita para un empresario dedicado al negocio de la prostitución y para un empleado suyo, que en breve serán juzgados por falsificación y estafa. En concreto se les acusa de utilizar tarjetas de crédito robadas, que empleaban para realizar consumiciones en sus locales, que en realidad no se producían. Tanto Luis M.N., el empresario, como Bartolomé C.P. se encuentran en libertad. El juicio por estos hechos debía celebrarse ayer, pero quedó suspendido.
Según señala el escrito de acusación del fiscal, el primer acusado era el dueño de los derechos de explotación de un complejo situado en la calle Matreros Roca de Palma. En este complejo había apartamentos y locales, uno de ellos dedicado al negocio de la prostitución.
El fiscal afirma que estos dos acusados, sin que se sepa de qué forma, consiguieron una serie de tarjetas de crédito sustraídas, que pertenecían o bien a extranjeros o a residentes accidentales en la Isla. El empresario y su empleado aprovechaba el periodo de tiempo que mediaba entre el robo y la denuncia de su dueño (que conlleva la anulación inmediata de la tarjeta) para realizar una serie de operaciones. Para ello utilizaban los terminales bancarios que habían contratado con diversas entidades y que habían instalado en su local de alterne.
Para lograr la estafa, siempre según el fiscal, los propios acusados imitaban la firma del titular de la tarjeta en el justificante de cada operación, y después ingresaban los recibos en las cuentas corrientes del negocio. Esta serie de irregularidades se descubrieron en el mes de mayo de 1995, cuando se procedió a la detención de los acusados. En ese momento, según la acusación, ya habían realizado 71 falsificaciones con las tarjetas de crédito robadas, y habían obtenido unos beneficios de más de siete millones y medio de pesetas.