Joaquín Lobato, el camarero acusado de asesinar a un compañero de trabajo en Peguera, es un psicópata. Esta es la conclusión a que han llegado los médicos psiquiatras, que no coincide con la de los forenses, que entienden que el acusado es una persona capaz de controlar sus actos. Estas explicaciones médicas marcaron la sesión del juicio (que ayer quedó visto para sentencia) por el crimen ocurrido el día 14 de septiembre de 1998. Los forenses Luis Santarén y Vidal Santos, antes de referirse al estado mental del acusado, explicaron los resultados de la autopsia al cadáver de Emilio Cañadas: el joven murió tras recibir una puñalada en el corazón. Su cuerpo no presentaba lesiones de defensa lo que, a juicio de los forenses, demuestra que fue atacado por sorpresa. Esta conclusión médica coincide con la acusación, que sostiene que hubo alevosía, es decir, imposibilidad de defensa. Los médicos pusieron en duda que Lobato actuara en legítima defensa, puesto que sólo presentaba pequeñas erosiones en el pómulo, sobre la ceja y en la pierna, que se pudieron producir incluso antes de los hechos. Santos y Santarén descartaron que el acusado sufra una enfermedad mental y no creen que el día de los hechos actuara influenciado por el consumo de drogas.
En cambio, los médicos psiquiatras mantienen que el acusado sufre un trastorno asocial de la personalidad, que es lo mismo que decir que es un psicópata. Los peritos explicaron al jurado que es diferente la capacidad para saber lo que se hace a la capacidad para controlarse. Por tanto, a juicio de los psiquiatras, Lobato «sabía que estaba matando, pero no era libre para controlar sus impulsos».
El testimonio de los peritos médicos ratificó la decisión del fiscal Gabriel Rul.lan de acusar a Lobato de asesinato, rechazando por tanto la posibilidad de una legítima defensa. Rul.lan afirmó que jamás existió forcejeo entre el acusado y la víctima. «Emilio murió sin posibilidad de defenderse porque recibió una puñalada trapera».
El abogado Gabriel Garcías pidió «justicia en nombre de la familia», e intentó defender el honor de la víctima al negar que fuera una persona racista, tal como mantuvo el imputado. «Casi no se conocían y es imposible que cinco días trabajando juntos pudieran decirse tantas cosas». El abogado de la acusación particular analizó el comportamiento del acusado tras matar a la víctima. «Una persona que cree que ha actuado en legítima defensa no huye del lugar y después se va a pasear». Ello demuestra, a juicio de Garcías, que «el acusado tenía ánimo de asesinar».