La Audiencia de Palma ha rechazado una investigación policial contra un grupo de presuntos traficantes porque las intervenciones telefónicas se transcribieron sin el control del secretario del juzgado de instrucción. De esta forma, el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma ha dictado una sentencia absolutoria para los nueve acusados de tráfico de drogas. La Fiscalía, que basaba su acusación en estas intervenciones telefónicas, solicitaba penas de más de 30 años de prisión. El tribunal ha atendido la petición de nulidad propuesta por los abogados Ramón Riutort, Juan Carlos Peiró, Carlos Portalo y Fernando Mateas.
Esta actuación policial se inició en marzo de 1995. La policía pidió autorización judicial para intervenir el teléfono de una mujer que vivía en el Coll d'en Rabassa. El día 12 de marzo se pidió permiso al juez para realizar una entrega controlada de droga que se enviaba desde Colombia. En efecto, se comprobó que se trataba de 294 gramos de cocaína.
Tras estas conversaciones telefónicas se llegó a la detención de nueve personas. El tribunal cree que, aunque había sospechas, no hay pruebas que demuestren esta implicación en el tráfico de drogas.
Los abogados defensores se opusieron a que se escucharan durante el juicio las cintas que recogen las conversaciones telefónicas. También las impugnaban porque la descripción de las mismas se había realizado sin un control judicial.
El tribunal resalta, basándose en la repetida jurisprudencia, que el control judicial de una intervención telefónica «debe ser exquisito y riguroso». Por ello se exige que la transcripción mecanográfica de las conversaciones debe hacerse «con compulsa y fé del secretario». En este caso la sentencia explica que el juez instructor escuchó las cintas y seleccionó los pasos más importantes. Ordenó la transcripción, que realizó la policía. Cuando fue remitida al juzgado, el secretario no comprobó si coincidían con las conversaciones grabadas. Por este motivo, la Audiencia califica de «anómala forma de proceder» esta actuación del juzgado, lo que «priva de toda autenticidad los resultados de la investigación», en este caso policial.