La compañía de seguros que representa al dueño de «Copi», el perro que el pasado mes de febrero mató a un niño de cuatro años de edad en Can Picafort, ha realizado una oferta económica a los padres del fallecido. La aseguradora ofrece la cantidad de trece millones de pesetas. La compañía entiende que la cantidad económica que debe recibir la familia debe ser igual como si se tratara de un accidente de tráfico, y por tanto el juez que estudie el caso debe aplicar la tabla que se utiliza para determinar las indemnizaciones económicas en los pleitos de tráfico.
Esta propuesta económica se presentará a los abogados de la familia antes de que se celebre el juicio contra Alfredo Cordero, el dueño del animal, que está acusado de un delito de homicidio imprudente. El juicio, que presidirá el magistrado Carlos Izquierdo, se celebrará el próximo mes de noviembre en Inca.
Fuentes judiciales próximas al caso señalaron que es poco probable que la familia acepte la cantidad económica que le ofrece la compañía de seguro. Los abogados entienden que se trata de un caso especial y no se pueden aplicar las tablas de tráfico, porque supuso la muerte de un niño de cuatro años indefenso, que falleció al ser atacado por un animal agresivo mientras estaba jugando en el patio de su casa en Can Picafort.
La fiscal Yolanda Domínguez solicita un año de cárcel contra Alfredo Cordero, porque entiende que cometió una imprudencia por no evitar que el perro saliera de su casa y andara suelto por la zona de Can Picafort, sobre todo teniendo en cuenta que meses antes el can ya había atacado a dos menores en el colegio público. La Fiscalía pidió que el acusado presentara una provisión de fondos de 25 millones de pesetas, cantidad suficiente para cubrir la responsabilidad civil en el caso de que le condenara por su responsabilidad en la muerte del pequeño Francisco Miguel Hiralgo. Los 25 millones de pesetas es la cantidad máxima que cubre el seguro que suscribió Alfredo Cordero.
Los padres del pequeño se han mostrado mucho más contundentes contra el acusado, y solicitan una condena mucho más elevada que la que reclama el fiscal.