El Instituto de Reinserción Social, que trabaja en los juzgados de Palma, atendió el pasado año a un total de 307 personas con problemas sociales. Este servicio social atiende prioritariamente a las personas que están implicadas en algún delito. El servicio es voluntario, pero su objetivo principal es conseguir contabilizar la administración de justicia con las medidas psicosociales que inciden en el proceso de reinserción de un detenido.
Este servicio dispone de dos trabajadores sociales que realizan su trabajo en el mismo edificio de los juzgados. Fuentes del IReS señalaron ayer que de las personas detenidas en 1998, y que han sido condenadas, el 19.6% ha cumplido la condena en un centro alternativo a la prisión. El Código Penal determina que esta suspensión de condena está condicionada a un tratamiento de deshabituación, o a la no reincidencia delictiva en un periodo de tiempo que establecen los jueces.
El canal de acceso al servicio social sigue siendo, en su mayor parte, a través de las instancias judiciales, que han supuesto el 36% de las atenciones prestadas. El 28% se ha atendido a través de los programas de atención a los drogodependientes, mientras que el 17% del total de usuarios han acudido por iniciativa propia. El 14% restante ha sido enviado a través de los distintos servicios sociales. La estadística del pasado ejercicio demuestra que la mayoría de personas atendidas siguen siendo hombres. La problemática más frecuente ha sido la judicial, la drogodepencia y la situación familiar.