La jueza Carmen Abrines, titular del juzgado de instrucción número 10 de Palma, ha desestimado el recurso de reforma contra el auto que rechazaba que Juan Picornell, dueño del Cappuccino, hubiera cometido un delito contra el derecho de los trabajadores, tal y como sostiene el padre del camarero fallecido, Antonio Córdoba.
En el auto de resolución se especifica que «no cabe hablar de deficiente instalación eléctrica sin ningún dato mínimamente fiable que sustente dicha afirmación», en referencia a las imputaciones de Córdoba sobre la existencia de una galería ilegal en el sótano del negocio del Passeig Marítim.
En el escrito, fechado el cinco de marzo, se añade que «se da por sentado que la explosión tuvo su origen en una chispa eléctrica procedente de cualquier de los termostatos de los arcones frigoríficos del sótano», pero advierte que el factor que provocó la deflagración «pudo ser el encendido del interruptor, la electricidad estática del cuerpo humano o el encendido de un cigarrillo». Precisamente fue esta insinuación la que motivó la indignación de Antonio Córdoba, quien siempre ha sostenido que su hijo no fumaba en aquella galería.