La investigación judicial por la mayor malversación descubierta en un hospital público de Balears lleva caso dos años parada. Este caso, que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, se inició tras la denuncia que presentó ante la Fiscalía el sindicato CC OO.
La policía tardó casi dos años en confirmar las sospechas y descubrió que existían graves irregularidades en la gestión del hospital. Fue el propio fiscal jefe de Balears el que denunció estos hechos ante el juez, concretando la irregularidad en el periodo de 1989 a 1990. La denuncia judicial fue presentada en el mes de marzo de 1992. Desde que el caso se denunciara hace ahora casi siete años, por el despacho del juez han declarado más de 50 personas relacionadas con la gestión del hospital. Sólo cuatro de ellos han declarado como imputados, aunque no se ha tomado ninguna medida preventiva.
El juez tiene pruebas documentales que demuestran que Son Dureta adquiría productos alimentarios que casi duplicaban el precio fijado en el mercado. Un ejemplo fueron la compra de yogures. Otros de los aspectos más sospechosos de la gestión están relacionados con la concesión de trabajos de pintura. Las administraciones públicas están obligadas a organizar un concurso público cuando se pretende realizar una mejora que sobrepasa un determinado presupuesto. Los antiguos gestores de Son Dureta se inventaron un sistema para evitar estos concursos.
Fuentes próximas al caso han indicado que hasta este momento la cuantía económica de podría rondar esta irregular gestión estaría sobre los cien millones de pesetas. Sin embargo, aún no se ha concretado los directivos que se beneficiaron de esta corrupción. Las fuentes consultadas coinciden en que no hay duda de que este caso se convirtió en el mayor desfalco económico descubierto hasta este momento en un hospital público de Baleares. Sin embargo, ahora el caso permanece olvidado en un archivo del juzgado, sin que se sepa cuando se va a retomar la investigación.