La juez del juzgado de instrucción número 4 de Palma, María Elena Graña, ha solicitado a un veterinario que haga un informe sobre «Copi», el dogo argentino que hace una semana mató a un niño de cuatro años en Can Picafort. La petición de la juez tiene como objetivo conocer datos sobre el comportamiento que mantiene este animal, y sobre todo para conocer en qué tipo de situaciones es capaz de atacar.
Según informaron ayer fuentes judiciales, la juez mantuvo una reunión con el abogado del dueño del animal. Esta reunión se ha celebrado a instancias de la fiscalía, ya que se intenta llegar a una solución judicial para conseguir que el animal sea sacrificado. Tal como ha venido informando este periódico, la ley no contempla que un juez pueda ordenar el sacrificio del animal, porque se considera que se trata de una prueba del caso. La única solución jurídica que han encontrado la fiscal y la juez es que sea el propio dueño del animal quien proponga que se mate al perro antes que se celebre el juicio.
Alfredo Cordero, dueño del perro, ya ha manifestado que su intención es que el animal sea sacrificado. Sin embargo, de momento no ha solicitado oficialmente a la juez el sacrificio de «Copi», ya que está estudiando si debe morir antes o después del juicio, porque entiende que podría utilizarse como prueba.
Por otra parte, el alcalde Joan Fageda se refirió ayer a la polémica sobre los animales agresivos, y afirmó que en Palma existe un reglamento sobre los perros que «no necesita cambios, porque se trata de una ordenanza muy avanzada». Fageda consideró que el dueño del animal debe convencerse de que tener un perro es una gran responsabilidad. Por ello, el alcalde pidió que una persona, interesada en adquirir un can, se lo piense dos veces antes de hacerse cargo del perro.