La juez de Inca, que investiga la muerte del niño que fue mordido por el perro, no puede ordenar la ejecución del animal. Así lo confirmaron ayer fuentes judiciales próximas al caso, que explicaron que el animal, que se encuentra en cuarentena en la perrera municipal bajo custodia judicial, es una prueba del caso, y por no tanto no se la puede «destruir». La juez de Inca, María Elena Graña, es en estos momentos consciente de la gran presión popular que existe para que el perro sea sacrificado. Sin embargo, la ley le impide acatar el deseo popular.
La magistrada trató ayer esta cuestión con la fiscal encargada del caso, Yolanda Domínguez, y llegaron a la conclusión de que la única forma de que el dogo argentino sea sacrificado sería que el dueño del animal lo propusiera. El hecho de que el perro esté en cuarentena (se comprueba si tiene rabia) no sería un impedimento, ya que la víctima esta muerta y por tanto no habría que hacerle pruebas al animal. Alfredo Cordero, dueño del dogo argentino, ha manifestado al juez su intención de que el animal sea sacrificado. El dueño, que se derrumbó varias veces en su declaración judicial y rompió a llorar, dijo que ya tenía intención de deshacerse del perro tras el ataque en el colegio. Si el dueño no lo propone, el animal no podrá ser sacrificado si no existe una sentencia judicial firme y además condenatoria.