Mientras los indicadores macroeconómicos celebran la recuperación de España tras la pandemia, con una envidiable tasa de crecimiento económico que hasta el propio Donald Trump destacó recientemente, las grietas del sistema afloran justo donde más duele: un creciente porcentaje de la población tiene problemas serios para acceder a una vivienda. El actual gobierno parece ser plenamente consciente de ello: el presidente Pedro Sánchez, en la clausura del foro ‘Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar’ de enero de este año, afirmó que «la causa de la vivienda es la causa por una sociedad más justa».
Mientras el resto de Europa ha ido consolidando políticas públicas encaminadas a asegurar el acceso equitativo a la vivienda, España ha seguido atrapada en una lógica de mercado especulativa, con una obsesión enfermiza por la propiedad privada y un desprecio sistemático hacia el alquiler social. El resultado: una crisis de acceso a la vivienda que no es coyuntural, sino estructural. Según un artículo recientemente publicado en la revista Political Quarterly por Montserrat Pareja-Eastaway (Universitat de Barcelona), las raíces del problema residen en una herencia histórica –el incentivo de la propiedad como forma de control social durante el franquismo– que nunca se corrigió, y en una clase política que ha visto en la construcción de vivienda un motor de crecimiento económico más que un derecho social.
La venta del parque público, la mínima inversión estatal, la desregulación del alquiler y el dominio del capital financiero sobre el mercado nos han llevado a una situación insostenible. Hoy, solo el 2,5 % del parque de viviendas en España es vivienda social o protegida, cifra significativamente inferior a la media de la Unión Europea (aproximadamente el 9 %). En los Países Bajos, la vivienda social o protegida representa el 29-32 % del total, y en Austria el 24 % (60 % en su capital, Viena), por ejemplo.
La Ley de Vivienda de 2023, aunque bienintencionada, se ha mostrado inútil hasta la fecha: los topes al alquiler, la protección al inquilino o los incentivos fiscales no se han terminado de materializar y no han contribuido a facilitar el acceso a la vivienda de los sectores de ingresos bajos y medios. La mayoría de analistas serios coincide en que urge reforzar el liderazgo de la Administración con inversión pública y planificación estratégica. Pareja-Eastaway incluso propone apostar también por modelos innovadores como las cooperativas de vivienda o los Community Land Trusts, que blindan el acceso a la vivienda a precios asequibles a largo plazo.
Esta investigadora, al igual que muchos otros estudiosos del tema, también llama a regular con más firmeza los alquileres turísticos, penalizar las viviendas vacías y ofrecer incentivos fiscales para quienes pongan propiedades en el mercado de alquiler tradicional.
No obstante, ninguna de estas medidas tendrá efectos sin un cambio cultural y político profundo. En España, hablar de vivienda es hablar de un activo financiero. De hecho, la vivienda constituye la principal forma de acumular riqueza en nuestro país: el predominio del patrimonio inmobiliario en la riqueza neta de los hogares españoles es absolutamente abrumador. Esta forma de acumular riqueza basada en el ladrillo es una anomalía en la Unión Europea.
Me parece positivo que se hable de la vivienda como pilar del Estado del bienestar, porque si no se garantiza un techo seguro y digno para la gente, hablar de bienestar es una farsa. Pero si de verdad queremos convertir la vivienda en el quinto pilar del Estado del bienestar, tenemos que cambiar la forma en que la interpretamos, la valoramos y la usamos.