La ley de simplificación administrativa, en tramitación, incluye una amnistía para construcciones en suelo rústico en toda la Isla. Descubrimos también que parte de estas construcciones ilegales cuentan con licencia para alquiler turístico. Para colmo de la desfachatez, tenemos la conocida como «enmienda Martí March» que pretende que se mantenga la licencia a los inmuebles que ahora se legalicen.
Además, aparece la plaga de los macroproyectos solares, 76 en funcionamiento y 89 en tramitación, con una extensión de 1.624 ha, a lo que habrá que ir sumando todo lo que vaya saliendo. Proyectos que, con la excusa del cambio climático, destruyen el poco suelo agrícola y ganadero que aún funciona y acaban de fulminar la escasa soberanía alimentaria de una isla que compra fuera el 85 % de los productos de alimentación. El suelo rústico es ya como una especie en peligro de extinción, algo que en una isla y un territorio escaso se percibe de forma especialmente alarmante.
Detrás de la especulación inmobiliaria, la turistificación generalizada, la gentrificación excluyente y las centrales fotovoltaicas en suelo rústico, hay un capital financiero globalizado (alianza del capital local y extranjero), centrado en su máximo beneficio y que invierte el beneficio que genera nuestro trabajo en cualquier otra parte. Mallorca nos pertenece cada vez menos a quienes la habitamos, es de hecho una tierra parasitada y empobrecida. Nos organizamos y nos planteamos recuperar esta tierra o nos quedamos sin un futuro digno.