Una vivienda vacía es un gasto considerablemente alto para el propietario. En primer lugar, debe pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). También paga cada año la tasa de recogida y eliminación de basuras y residuos sólidos urbanos, aunque no saque ni una sola bolsa. Se presupone que paga el mínimo de luz, gas y agua, puede que también abone un seguro del hogar. En el caso de propiedad horizontal, no se escapa de gastos comunitarios y derramas. Debe hacer periódicamente tareas de mantenimiento. Y también se paga la imputación de rentas, que consiste en una cantidad -el 1,1 % o el 2 % del valor catastral de la vivienda, según la casuística- que se suma a la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de propietarios o titulares de bienes inmuebles diferentes del domicilio habitual por su «derecho real de disfrute», es decir, a pesar de que la casa no está alquilada ni está afecta a actividades económicas. ¿Por qué alguien está dispuesto a asumir tal cantidad de gastos cuando podría ganar sumas considerables alquilando la propiedad a los precios de mercado actuales, contratando un seguro de impago y escogiendo a dedo al arrendatario?
Muchas personas disfrutan de una segunda residencia. Por otro lado, buena parte de los pisos vacíos en realidad no son habitables, porque necesitan una reforma que el dueño no puede o no desea llevar a cabo. Y la amplia mayoría de propietarios, simplemente, no quiere el dolor de cabeza que genera que te dejen de pagar, no quiere disgustos en el caso probable de que le devuelvan la casa en malas condiciones o destrozada, o simplemente no está dispuesta a tener que estar disponibles si se rompe la caldera.
El programa Alquiler Seguro del Govern apela a los propietarios reticentes de alquilar sus viviendas vacías con el compromiso de garantizarles unos buenos ingresos -de hasta 1.500 euros, que se anticipan incluso por siete años- y la promesa de que se les devolverá la casa en las mismas condiciones. A cambio, deben ofrecer una vivienda lista para vivir y alquilarla por siete años. La propuesta va en línea de las recientes declaraciones del diputado del PNV Aitor Esteban, quien pedía cambiar la Ley de la Vivienda. «La vulnerabilidad de los inquilinos hay que atenderla, pero no puede ser el escudo social a costa del propietario, porque eso retrae la oferta», señalaba.
El resultado de la iniciativa dependerá de la eficacia y agilidad de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria pero, sobre todo, de la voluntad de los propietarios. El problema de la vivienda no se solucionará con una sola medida, y no hay que olvidar que los verdaderos damnificados de la situación actual son las personas que no pueden acceder a una vivienda.