La primera semana agosteña comenzaba regalándonos noticias escolares. Mientras buena parte de la ciudadanía intentaba desconectar, al Govern le dio por efectuar anuncios en el ámbito educativo. A la presentación del Pla d'Infraestructures, le siguió el llamativo titular de que, en la enseñanza pública, se va a topar el precio de los comedores escolares en 6,5 euros diarios. A priori, una buena noticia para las familias que escolarizan a sus hijos en dichos centros.
Pese al calor y al merecido descanso del sector, el anuncio motivó la reacción de la FAPA, cuyo portavoz, Miquel Àngel Guerrero, ofreció su versión a UH, en principio, positiva. Aunque atribuirle el hablar en nombre de ‘las familias' de Mallorca sea manifiestamente hiperbólico, lo cierto es que representa a la mayor parte de las APIMA de la enseñanza pública.
Arrimando el ascua a su sardina, Guerrero aprovechó para esparcir su profunda ignorancia sobre la escuela concertada, verdadera obsesión de las organizaciones de la izquierda sociológica. Abogó, en primer lugar, por unificar precios en todos los centros «que dependen de fondos públicos», incluyendo a los concertados. El error de partida de su razonamiento es grosero. Jamás los servicios complementarios –el transporte, el comedor, etc.– de la concertada se han financiado con un solo céntimo público. La ley establece que dichos servicios serán a cargo de las familias. Por motivos de equidad, también debería ser así en la pública, pero las administraciones de todo signo no han podido sustraerse a la tentación de intervenir, y vienen financiando el coste del personal que atiende los comedores y los gastos generales correspondientes –limpieza, agua, energía, etc.–, generando un evidente agravio comparativo con las familias de la concertada, que no solo abonan el precio de la comida, sino también todos esos costes del comedor escolar que no financia la Conselleria.
Esta ‘geometría variable' implica que el precio topado del comedor en los centros públicos lo sufragaremos todos los ciudadanos y, en cambio, en la concertada, lo seguirán haciendo solo las familias usuarias.
Y, curiosamente, desde que existen becas de comedor escolar –destinadas a ayudar a las familias sin recursos, no a los centros– las de la concertada son mayoría. En proporción al número de alumnos, la concertada atiende un porcentaje superior de familias económicamente desfavorecidas, dato que omite la FAPA con toda intención y que puso de manifiesto hace unos meses el vicepresidente del CEIB, Bernat Alemany, a raíz del último Informe del Sistema Educatiu (ISE).
Pero la perla del portavoz de la FAPA, tintada de sectarismo, fue la de afirmar a calzón quitado que «el servicio de comedor es un negocio privado en los colegios concertados». Atura es carro. Para empezar, los centros concertados son, por ley, organizaciones sin ánimo de lucro. Además, esos servicios no pueden constituir ‘negocio' alguno, pues cualquier margen debe reinvertirse –también por ley– en la mejora del centro.
Lo que ocurre es que es muy fácil acusar de ‘hacer negocio' a los demás cuando entre todos te estamos financiando el tuyo, y cuando cada alumno de la pública sigue costando al erario el doble que uno en la concertada. De eso, Guerrero no dijo ni mu.