El mes de julio se cierra con la aprobación en Consejo de Ministros de 283 proyectos de renovables en suelo rústico. Solo en la Sierra del Maestrazgo y Gudar Javalambre, entre Castellón y Teruel, en una zona de alto valor ecológico y actividad ganadera extensiva, se instalarán veinte parques eólicos con 125 aerogeneradores de 200 metros de altura. El proyecto es impulsado por un fondo danés. ¿Qué tiene de ecológico un proyecto que exige la tala de dos millones de árboles y arrasará casi 2.000 hectáreas?
Pero esta avalancha es solo de proyectos de más de 50 MW, porque los demás los aprueban las comunidades autónomas. En Mallorca hay ya 74 proyectos que ocupan 407 hectáreas y otros 70 en tramitación que ocuparán 909 hectáreas más. Hasta veinte proyectos rodean Marratxí, consumiendo el 60 % del suelo rústico. Ni las antiguas canteras de Son Quint, integradas en el Parque Metropolitano anunciado por el Ayuntamiento de Palma y situadas en una zona ANEI, se libran. También aquí descubrimos fondos de inversión y cazadores de fondos europeos, que después tendremos que devolver nosotros.
Si el 21 de julio se exigió un «cambio de rumbo» que pusiera fin a la turistificación, la gentrificación y la expropiación de nuestras ciudades y barrios, en materia de renovables corresponde exigir una moratoria que paralice todos los proyectos en tramitación para llevar a cabo un estudio de necesidades reales y planes territoriales adecuados. En cualquier caso, como dicen las plataformas ciudadanas: «Así no».