En Baleares existen precedentes sobre amnistías urbanísticas. El ejemplo más reciente fue en el año 2014. En aquella ocasión, mediante la disposición transitoria décima de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación y Uso del Suelo. Así con la incorporación de dicho precepto se instauró un procedimiento con carácter excepcional por el que se concedía un plazo de tres años para incorporar a la legalidad las edificaciones existentes en suelo rústico en las que la infracción y demolición estuviera ya prescrita.
Con la anterior regulación, se exigía cumplir una serie de requisitos que podían variar en función del tipo de suelo rústico en el que se ubicaran y, además, debían acompañarlo del pago de una ‘prestación económica' que se fijaba de acuerdo a porcentajes relacionados con coste de la obra legalizada. Esos porcentajes iban desde el 15 % hasta el 25 %, en función del momento en el que se registrase la solicitud de ‘indulto urbanístico'.
Ahora, con la nueva amnistía urbanística, se permitirá legalizar viviendas ilegales construidas sobre suelo rústico previo pago de una ‘sanción' que se calculará mediante un porcentaje sobre el valor de la obra que se pretenda incorporar a la legalidad.
Además, se podrán regularizar construcciones anexas como porches, terrazas y, también, piscinas.
No hay duda que este puede ser el último tren para muchos ciudadanos que cuentan con viviendas en situación de ilegalidad y que, caso de aprobarse una amnistía, podrían convertirlas en construcciones totalmente ajustadas a la ley.
Es evidente que se trata de una decisión polémica y que irá acompañada de un acalorado debate político. Unos defenderán la amnistía como solución y otros como parte del problema. Una cosa está clara, no todo es blanco o negro, el urbanismo está lleno de matices. Aún así, lo que tampoco parece razonable es contar con más de 30.000 construcciones ilegales en Baleares. Mantiene en vilo a propietarios, que perviven con las manos atadas por la inacción o poca valentía de gobiernos anteriores, dejando patente una falta de gestión política que aboca al limbo a sus titulares. Tampoco esa ‘alegalidad' es beneficiosa para nuestro preciado territorio, que permanece salpicado por edificaciones fuera de ordenación a la espera de que el tiempo las elimine de la faz de la tierra.