Lo más nefasto en política no es tomar decisiones equivocadas, sino no adoptarlas de ningún tipo. Una parte importante de los problemas que lastran la ciudad de Palma y que Jaime Martínez encuentra cada mañana sobre su mesa derivan de la indolencia e inacción de Cort que, a lo largo de dos legislaturas, hemos tenido que soportar los palmesanos.
Los ciudadanos podemos tolerar ediles empecinados en sus errores, incluso con recidiva, pero jamás hemos merecido alcaldes gandules.
Quienes, desde las distintas formaciones de la izquierda, se llenaban la boca con discursos progres acerca de los más desfavorecidos son los mismos que han tolerado que, ante sus ojos y los de todos los sufridos contribuyentes a las arcas municipales, insulares y autonómicas, proliferase un universo de infraviviendas que, camufladas de autocaravanas -diseñadas para el turismo ambulante, no para convertirse en hogar de nadie-, convirtieran zonas enteras de la ciudad en auténticas barriadas de chabolas motorizadas, en serio menoscabo de los derechos del resto de los vecinos. Mientras unos pagan IBI, tasas de basuras, sobrecargos en sus facturas de suministro para la gestión de sus aguas residuales, etc., otros pretenden que normalicemos que una plaza de aparcamiento en la calle se convierta, de facto, en un solar urbano, y a coste cero.
Martínez, como es natural, ha hecho algo tan elemental como ordenar que se cumpla la ley y que el fraude a ésta no se pase por alto, es decir, que quienes tienen la misión de velar por nuestros derechos no miren para otro lado, como ha ocurrido hasta ahora.
El problema de la vivienda en general y de la social en particular en nuestra comunidad no es, desde luego, responsabilidad de los actuales equipos de gobierno. Ni PSIB, ni Més ni Podem han hecho absolutamente nada desde las instituciones para siquiera paliarlo. Por eso, más les vale estar callados.
Si tiene que habilitarse como solución provisional que determinados solares urbanos de la periferia de Palma se destinen a alojar caravanas ‘residenciales’, hágase, pero teniendo siempre como norte que no creemos un nuevo Son Banya -que se erigió también con ese marchamo de provisionalidad-, que habría que dotarlos de instalaciones adecuadas, y que los usuarios deberían pagar, como los demás, los costes de todo ello.
Balears, a diferencia de otros territorios, no dispone de instalaciones adecuadas para el caravaning, porque el modelo turístico impuesto por los empresarios hoteleros, celosos de su negocio, excluía esta modalidad. A lomos de esta carencia endémica de instalaciones han surgido asentamientos, no solo en Palma, sino en distintas zonas rústicas de la Isla, dando lugar a un bochornoso espectáculo de urbanismo ilegal azuzado por propietarios y arrendadores sin ninguna clase de escrúpulo, a quienes tanto les da que sus parcelas se llenen de casetas prefabricadas, viejas furgonetas o camiones o, en el mejor de los casos, autocaravanas, la mayor parte de las cuales están destartaladas y en condiciones de ser achatarradas.
Tenemos, pues, un problema de legalidad, de convivencia, social y urbanístico, todo a la vez. Jaime Martínez, junto con otros alcaldes como Joan Carles Verd, de Sencelles, han tenido el valor de alzarse contra este sinsentido.