Espero y deseo que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, se esté recuperando de manera satisfactoria de las arcadas que le produce el ‘caso Koldo'. Estoy seguro de que ella también ha podido beneficiarse de los avances en la investigación de la industria farmacéutica a la hora de calmar tan desagradables síntomas, aunque ello no debería confundirla. La expresidenta del Govern sigue instalada en la opacidad y el oscurantismo en todo lo que hace referencia a sus relaciones con la trama corrupta que, y cada vez parece más claro, tenía en el exministro socialista José Luis Ábalos uno de sus miembros más destacados. La supuestas explicaciones de Armengol sobre la compra de mascarillas no fueron tales, al contrario, sólo un rosario de reproches y descargo de responsabilidades. Ni un papel. El relato fue confuso, profuso y difuso.
Estamos acostumbrados a que en los primeros compases del estallido de un escándalo se siga el mismo patrón, el que va desde la ignorancia al desvío hacia los técnicos la toma de decisiones; incluso cuando se habla de 3,7 millones de euros. Poca broma. Armengol pide que no se mancille su nombre, pero de paso saca a colación los de la exconsellera Patricia Gómez y su marido, Juli Fuster; responsable máximo del IB-Salut cuando se formalizó la contratación de las mascarillas fraudulentas.
Este asunto ya ha carbonizado la trayectoria política de Francina Armengol, incluso también la de su más fiel escudero, Iago Negueruela. El ‘caso Koldo' está todavía en su fase más incipiente y no cesa la aparición de datos cada vez más comprometedores. A medida que avance la instrucción judicial comenzarán las delaciones, un proceso que casi siempre acaba muy mal para los responsables políticos. Sumergirse en un batiscafo hasta la fosa de las Marianas, como pretende Armengol, es una estrategia fallida, y a la experiencia me remito. La quiebra de lealtades -alguna eurodiputada balear podría escribir una enciclopedia al respecto- puede acabar siendo una auténtica losa para nuestra expresidenta del Govern. Por cierto, ardo en deseos por conocer la opinión que de todo este asunto tienen el exjuez José Castro y su colega Juan Pedro Yllanes; debe ser que carece de la enjundia suficiente para prestarle atención.
Bolaños, sobreexcitado
El acuerdo del Gobierno con Junts en la redacción de la futura ley de amnistía se asienta sobre cimientos de dudosa constitucionalidad, por mucho que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, protagonice una de las intervenciones más ridículas a la hora de valorar una norma que tiene como único objetivo liberar al independentismo catalán y a Carles Puigdemont de la organización y ejecución del movimiento secesionista. Hay que ser muy memo para autofelicitarse por un acuerdo cuyos beneficiarios aseguran que volverán a repetir lo que hicieron para romper el Estado, además de ser falso que la amnistía sea una herramienta de reconciliación en y de Catalunya con el resto de España. Bolaños, como Pedro Sánchez y su corte de acólitos, miente de manera descarada. Esta ley no resuelve el problema, cuyos principales promotores van a recibir un enorme respaldo político. Lo triste es que ya se ha entrado en una senda sin posible marcha atrás.