Día 6 de noviembre de 2020. «¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende?» -preguntaba de manera apremiante Pedro Sánchez a un cohibido periodista de la radio pública que respondió con un balbuceante: «Del Gobierno». «Pues ya está»- remataba el presidente del Gobierno facilitando así la pista para entender muchas de las cosas que han sucedido después.
La última cuando para asombro de muchos la ‘número dos' de la Fiscalía, Ángeles Sánchez Conde, rechaza imputar a Carles Puigdemont, expresidente de la Generalidad y prófugo de la Justicia, por falta de indicios de terrorismo en el caso que investiga el juez Manuel García Castellón por el llamado Tsunami Democràtic. Asombro porque hace dos semanas una Junta de Fiscales -doce fiscales del Supremo frente a tres-, sí apreciaron delitos de terrorismo señalando que había indicios suficientes para instruir causa contra Puigdemont por considerar que: «desde el principio estuvo informado de la constitución del grupo animado por fines de subversión del orden constitucional y desestabilización grave de las instituciones democráticas».
Recordando aquella votación de los fiscales del Supremo -doce contra tres- es inevitable volver los ojos hacia la política y evocar el episodio que encabeza este apunte: ¿De quién depende la Fiscalía? Porque si la respuesta que dio el propio Pedro Sánchez a la pregunta del azorado periodista la escuchó media España, toda España sabe que ahora quien depende de Puigdemont para seguir en La Moncloa es Pedro Sánchez. Así de crudo, por no utilizar otra palabra, se plantea el silogismo. Y hasta ése nivel de descrédito está sometiendo al Ministerio Público el exceso de contigüidad con la política.