Oscar Puente, el ministro de Transportes, boca de su mentor Sánchez pide «aprobar la amnistía para ahorrar trabajo a la justicia, pues evitará procedimientos judiciales que desemboquen en un indulto». ¡Patético atajo! Se está entrando en la banalización para rebajar el nivel del debate e intentar ganar por experiencia. Para que dé la impresión de que no importa si la amnistía en general y la que nos acecha en particular, cabe o no cabe en la Constitución. Ni tampoco que pulveriza el poder judicial y con ello la división de poderes. Ni que sea dudosamente democrática al volatilizar principios y valores fundamentales del sistema democrático. No importando tampoco que en su aplicación consagre ciudadanos de distintas categorías. Pues, hay unos que si delinquen son castigados y otros que, delinquiendo igualmente, sin embargo, no lo son. Gozan de este privilegio. Lo que repugna al sistema democrático, que se basa, en la igualdad ante la ley. Principio que desde la antigüedad clásica va ínsito a la idea de justicia y de democracia: ‘Isonomía’ la llamaron los griegos clásicos, que se traduce por igualdad ante la ley (de isos: igual y nomos: ley), que es condición sine qua non de la democracia. La Constitución en su artículo primero atribuye a la igualdad la cualidad de valor superior del ordenamiento jurídico; correspondiendo, según el noveno, a los poderes públicos, promover las condiciones para que sea real y efectiva; removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Lo contrario a lo que se está haciendo. Pues se favorece a unos hasta el punto de permitirles redactarse la ley que les ha de ser aplicada. Igualdad que los socialistas han tenido durante mucho tiempo como divisa, pero que de un tiempo a esta parte han abandonado y echado al sumidero de las fecales.
Respecto de la amnistía que sin duda se aprobará, no se puede soslayar que su causa y razón de ser verdaderas son el interés personal de Sánchez, como todo el mundo sabe, por cuya razón debiera calificarse como nula de pleno derecho, y por tanto como inexistente, negándosele, por el poder judicial, toda juridicidad y evitando también que la abultada factura de ese negocio de los siete votos, las cuentas del Gran capitán Sánchez, la paguemos los desaventajados ciudadanos de segunda categoría, como todo parece indicar que es como está previsto. Pues los supremacistas, los de primera, lo quieren gratis total.