Una persona joven tendría que pagar 1.312 euros para poder vivir en solitario, el 98,4 % de su sueldo en Baleares. Esta es la conclusión del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud, que sentencia a muchos jóvenes de las islas a seguir viviendo con los padres o, en el mejor de los casos, a compartir una vivienda. Parece que la ley de la vivienda que aprobó el gobierno de Sánchez no solo no ha mejorado la situación sino que la ha empeorado hasta límites nunca imaginados para la convivencia, algo que ya advirtieron los expertos cuando se aprobó el nuevo texto.
En la actualidad los propietarios de pisos prefieren venderlos antes que alquilarlos. Si tienen la gran suerte de que no les okupen el inmueble antes de venderlo, por supuesto, que ese es otro gran drama en el que viven los ciudadanos actualmente y que ningún partido ha querido solucionar. Mantener un piso cerrado tampoco parece que sea una buena opción.
Basta echar un vistazo a los portales inmobiliarios para confirmar que la situación es realmente dramática. Por 700 euros ya no se puede alquilar ni un simple estudio en alguna zona del extrarradio de Palma. Con un poco de suerte los jóvenes, y también los mayores, pueden conseguir una habitación a compartir a partir de 500 o 600 euros, en el mejor de los casos. En Ibiza, donde la situación es extrema, se llegan a alquilar habitaciones por 2.600 euros al mes. Con derecho a cocina e internet, por supuesto.
Ante esta situación solo quedará una opción para muchos jóvenes: emigrar. Marcharse a vivir a la Península, y no a todas las autonomías, por cierto, se ha convertido en la única salida razonable para aquellos jóvenes de Baleares que no quieran seguir viviendo con sus padres o destinar la mitad de sus sueldos para vivir en una habitación junto a desconocidos. No parece que nadie se atreva a vivir con el 1,6 % del sueldo después de pagar la vivienda y vivir en solitario.
Aún así, una ley de la vivienda que realmente incentivase el alquiler a precios razonables y que protegiese a los propietarios de los morosos parece que ya ni se plantea en el futuro, aunque pudiese ser la solución. Está bastante claro que este tipo de normativas no serían lo suficientemente populistas para ponerlas en marcha. Además, dar la culpa a los dueños de viviendas que se alquilan es la mejor solución para tapar la incompetencia de la clase política. Por todo ello la situación solo puede empeorar a pesar de que el diagnóstico está bastante claro. Y ya les aviso que estas cuestiones nunca se negociarán con Puigdemont.