Termina el año en el Congreso con una sesión plenaria que retratará el voltaje de la alta tensión que recorre la vida política española. El martes asistiremos al pago del segundo plazo de la deuda de Pedro Sánchez con los separatistas catalanes. Ese día tendrá lugar el debate de toma de consideración de la proposición de ley de amnistía pactada por el PSOE con Junts y ERC a cambio del apoyo a la investidura de Sánchez. Para evitar contratiempos La Moncloa ha dejado en manos del PSOE la presentación de la proposición de ley porque de haber optado por la vía del proyecto de ley habría sido preceptivo un dictamen del CGPJ y la consulta al Consejo de Estado. Qué sin ser vinculantes, llegado el caso, podrían haber dejado en evidencia al Ejecutivo. Por eso, cuando a Sánchez le han preguntado por la marcha del proceso para aprobar la ley intenta desmarcarse argumentando que es una negociación entre dos partidos –PSOE y Junts–, como sí no fuera él mismo y su ambición personal el impulsor de esta tramoya que compromete al Gobierno de España. En la gira de entrevistas que ha concedió esta semana ha reiterado que la amnistía «permitirá normalizar la situación en Cataluña». Decía lo mismo cuanto intentaba justificar los indultos y las reformas del Código Penal para suprimir el delito de sedición. Para justificar su pacto con Carles Puigdemont dice que la amnistía «permitirá recuperar actores políticos». Parece que ha olvidado que Cataluña está tan «normalizada» que el prófugo es eurodiputado en el Parlamento Europeo y que Junts, el partido que dirige, tiene treinta y dos diputados en el Parlamento de Cataluña, siete diputados en el Congreso y tres senadores, todos ellos plenamente normalizados en sus actividades y funciones parlamentarias.