Los debates políticos encienden soflamas. Algunas, insostenibles: por falsas. Lo hemos visto en los últimos días, cuando se han lanzado, desde el espectro conservador, diferentes afirmaciones que no se sustentan sobre análisis serios. Recordemos: las rebajas de impuestos junto a las promesas de incrementar gastos e inversiones y, a su vez, reducir deuda y déficit, se han convertido en un clásico de esas promesas imposibles. Desvelar cada una de esas falacias y comentarlas resultaría prolijo, y extenso en demasía. De hecho, ya lo hemos desarrollado en otras columnas, en este mismo espacio. Por ello, nos centramos en un factor que se suele invocar como elemento desestabilizador de la economía española: la deuda pública. Se advierte que es excesiva. Que no puede mantenerse en el tiempo. Que conduce al precipicio. Sin negar la preocupación que debe tenerse sobre este crucial indicador, se debe tener en cuenta esencialmente su relación con el PIB, con la evolución del crecimiento de la economía. Es así como se mide de forma homogénea la deuda sobre el PIB –un cociente– para realizar comparaciones internacionales, al margen del volumen de esa deuda. Veamos datos recientes.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), acaba de publicar sus estimaciones sobre la deuda pública española: la ratio se situará entorno al 109 % sobre el PIB en cierre 2023. Desde una cima importante alcanzada en 2021 (más del 112 %), por los impactos de la pandemia, la economía española ha ido reduciendo esa relación de la deuda sobre el PIB más de tres puntos, según las previsiones de AIReF. La causa: el crecimiento económico, que ha sido robusto y superior al resto de la eurozona, según datos de Eurostat y de la propia Comisión Europea.
Ahora bien, la emisión de deuda debe sufragarse. Los cálculos del citado organismo independiente remarcan que, en el ejercicio 2023, el tipo medio de emisión se ubicará en el 3 %, con un gasto en intereses del 2,9 % en 2026. A su vez, la emisión a corto plazo de la deuda se ha materializado en la adquisición de Letras del Tesoro por particulares (aumento espectacular en menos de un año). Las cifras presentadas no son catastróficas, aunque como es evidente resultaría mucho mejor no engordar los costes financieros. Pero ello nos lleva a otra derivada: endeudarse ¿para qué? Las respuestas a este interrogante definen la mayor o menor bondad del destino de la deuda contraída. En tal sentido, las consecuencias derivadas de la crisis vírica y el estallido de la guerra de Ucrania han supuesto mayores esfuerzos para el Gobierno. Ha tenido que hacer frente a encrucijadas tremendas: vacunas, garantizar puestos de trabajo, ayudas a empresas, rebajas fiscales, subvenciones… Todo esto, que se ha podido materializar, no surge de un milagro económico: lo hace de los ingresos, vía impuestos. Y vía deuda: aquí se coagula su bondad. En suma, muy alejado de la visión catastrófica que, una vez más, se vendió desde una tribuna, por parte de un candidato a presidir el gobierno. Pongamos números contrastados, rigurosos, antes que falacias. La buena información frente al libelo, al bulo.