Cuando la presidenta del Congreso, Francina Armengol, considera y utiliza su cargo como el refuerzo a su propósito de oposición al Govern de Baleares se sitúa al mismo nivel que la portavoz del gobierno de Sánchez usando la tribuna del Consejo de Ministros –arrumbado el compromiso de gobernar para todos– como si fuera el atril de un mitín del PSOE. Son el exponente de la degradación institucional, previa al asalto a la Constitución, provocada por el socialismo gobernante en funciones y sus aliados en el proceso cuyo único fin es la nueva entronización de Pedro Sánchez.
En el tono conminatorio que le caracteriza, aunque ahora no está en condiciones de reñir a los demás con la misma intensidad que hace unos meses, el portavoz parlamentario del PSOE en Baleares, Iago Negueruela, reclamaba de la presidenta, Marga Prohens, que hable para todos y no solo para Vox. Qué gran lección sería que trasladara ese pensamiento a su secretaria general y la requiriera para ser la presidenta del Congreso de todos los diputados y no solo de los de su partido y sus parasitarios.
Según Junqueras (ERC), una ley de amnistía o como se vaya a llamar, esto es, la agresión a la Constitución, ya está pactada con Pedro Sánchez desde la constitución de la Mesa del Parlamento y los votos a Francina Armengol para presidirla en sustitución de Meritxell Batet cuya cabeza habían pedido los de ERC por haber vetado la tramitación de lo que hoy se da por bueno. Sánchez va cumpliendo con todas las exigencias de los independentistas: catalán, vasco y gallego en el Congreso, y el intento fallido de implantarlos en Europa, aunque en un tiempo tan lejano como junio de 2022 se hubiera opuesto con el mismo entusiasmo con el que obliga a sus huestes a apoyarlo ahora. Asimismo se mostraba Sánchez radicalmente contrario a la amnistía. Los nacionalistas del PNV decían sentirse tratados como un clínex de usar, tirar y coger otro. Igual que con los principios, si los tuvieran, Sánchez y quienes le secundan.
No es cierto que el uso de los pinganillos, mediante cacicada previa de Francina Armengol aplicando un reglamento sin aprobar, sea un ejemplo de normalidad, fuente de riqueza, pluralidad o cualquiera de los eufemismos utilizados para su defensa, o que responda a la realidad de España. Un paisano de Guipúzcoa no se comunica con otro de Costitx con pinganillos. El cambio introducido, calificado como «trágala inaceptable» por los sesenta exparlamentarios socialistas y de otros partidos que solicitaron la suspensión de la decisión, responde únicamente a la necesidad personal de Pedro Sánchez de siete votos. Los siete votos que controla un prófugo de la Justicia que sabe que tiene el futuro del presidente en funciones en sus manos. Y el interfecto también lo sabe.
Del sanchismo no cabe esperar reacción. Todos sus recursos políticos y su capacidad mediática están ahora en la exaltación de aquello que se negaba antes del 23-J. Los históricos del PSOE son quienes encabezan la respuesta, por coherencia con las ideas que han venido defendiendo. Alfonso Guerra, por sorprendente que pueda ser para muchas personas a estas alturas coincidir con el personaje, no se resigna: «Esto no durará, no puede durar, porque la libertad y la democracia anidan en el corazón de muchos socialistas».