Cualquier palabra sobre el cinismo de Pedro Sánchez sería una palabra de más por ser un rasgo conocido por todos. Pero en relación con el devenir de la vida política española es fuente de notable preocupación. Porque se resuelve como un factor desestabilizador que lo mismo desemboca en un pacto con los nacionalistas periféricos, que abogan abiertamente por la deconstrucción del Estado, o desacredita el papel del Poder Judicial, al que despoja de su papel esencial en una sociedad democrática como garante del cumplimiento de las leyes.
A Sánchez le vale todo con tal de seguir en La Moncloa. A cualquier precio. Y así nos encontramos con qué mientras Felipe González advierte de que el Estado no se puede dejar chantajear por minorías políticas en vías de extinción –en alusión a la amnistía que exige el prófugo Carles Puigdemont para que los siete diputados de Junts apoyen la investidura de Pedro Sánchez– a él le hemos escuchado decir que «una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial, en una judicialización de todo el proceso».
Las palabras de Sánchez delatan la voluntad de invertir las bases de Estado de Derecho. Lo denuncia la euro parlamentaria Mayte Pagaza en una carta dirigida al comisario europeo de Justicia, porque «si los delitos son perseguidos a voluntad de un Gobierno, el Estado de derecho democrático desaparece».
Pero ahora resulta que llega un arribista –recordemos la definición de la RAE: persona ambiciosa que progresa sin escrúpulos– y, aprovechando su posición preeminente en la sociedad española como presidente del Gobierno en funciones, y tumba la actuación impecable de los magistrados y desacredita el resultado.
El mal ya está hecho.