Por más que una porción significativa de la población española parezca anestesiada por la bajeza del debate político y dé la espalda a los constantes rifirrafes entre partidos, debemos reconocer que vivimos unos momentos críticos para nuestra democracia, quizás aún más graves que la intentona golpista del 23-F, frente a la que, al menos, la inmensa mayoría de la población actuó firmemente unida. Como algunos no nos hemos cansado de repetir desde hace tiempo, Pedro Sánchez no abriga intención alguna de poner los intereses de España por delante de los propios. Es absolutamente temerario jugar con los elementos básicos que dieron lugar al consenso constitucional de 1978, luego de una cruel dictadura de casi cuarenta años precedida por un régimen republicano caótico, muestra y ejemplo de todo lo que hay que evitar si los demócratas pretenden que su sistema perdure.
Confundir el legítimo derecho de gracia, que se materializa en los indultos y que es una prerrogativa legal del gobierno –guste o no–, con una amnistía, que supone el reconocimiento de la ilegitimidad de las decisiones adoptadas por las instituciones democráticas del Estado –como el propio gobierno o el poder judicial– para defenderse de los golpistas, y conlleva la asunción del correcto proceder de los que se alzaron contra él, es un gigantesco despropósito y constituye el mejor atajo para que el independentismo vuelva a las andadas y renueve sus intentos de subvertir el orden constitucional por la fuerza.
No hablamos de perdón, hablamos de postración del Estado frente a aquellos delincuentes que quieren destruirlo, y todo por un fin tan prosaico y bastardo como el de asegurarse que los perdedores de las elecciones puedan impedir que gobiernen aquellos que las ganaron, a los que aíslan como apestados.
La jugada de Sánchez no puede pasar desapercibida en Europa, porque ningún país mínimamente serio y de sólidas convicciones democráticas puede consentir el trile con que el PSOE quiere obtener la conservación de la poltrona de su jefe. Además, de prosperar la iniciativa de Sánchez, Francia debería poner sus barbas a remojar, pues también nuestro vecino del Norte tiene un País Vasco y una Cataluña.
Ni siquiera los votantes socialistas pueden tragar con esta rueda de molino, puesto que en el programa electoral sanchista jamás se habló de amnistía alguna, de modo que este burdo intento del Gobierno de vendernos ahora como progresista el pacto con la derecha –y la extrema derecha– catalana, que pretende la secesión autoproclamada, solo consigue engañar a los muy fans, carentes de todo sentido crítico y del concepto de lo que significa un estado social y democrático de derecho en el que debe imperar la ley.
Es, pues, completamente lícito hacer una llamada general a toda la población para que, desde los mecanismos del Estado de derecho, hagan frente por todos los medios a esta maniobra, que encamina a nuestro país a la autodestrucción.
En democracia no todo vale, especialmente cuando nos referimos a aquellas decisiones políticas cuyos verdaderos fines son muy distintos a los que se proclaman. Sánchez no busca pacificar nada, ni reconciliar a unos españoles con otros, solo resistir a toda costa y a cualquier precio aferrado al poder. Y no vamos a tragar.